Acusaciones de corrupción amenazan la integridad del gobierno Chileno
El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha abordado un escándalo político que amenaza la integridad de su coalición de izquierda, el Frente Amplio. La Fiscalía ha comenzado a investigar a la Fundación Democracia Viva, asociada con el partido Revolución Democrática (RD), uno de los componentes clave del Frente Amplio, por controvertidos contratos firmados con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este hecho ha afectado a varios funcionarios prominentes, incluyendo a Catalina Pérez, miembro del RD y ex presidenta del partido, quien ha suspendido sus funciones como vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
El escándalo involucra a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de la región de Antofagasta, dirigida por Carlos Contreras, miembro del RD y ex asesor de Pérez. Contreras asignó 426 millones de pesos chilenos (aproximadamente 530.000 dólares) a la Fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, pareja de Pérez. Estos fondos debían destinarse, presuntamente, a ayudar en los asentamientos precarios de la región. Este asunto ha provocado la renuncia de Contreras.
Catalina Pérez, representante de un distrito de Antofagasta, se ha distanciado tanto de Contreras como de Andrade y ha declarado que el convenio firmado fue un “error de juicio político grave”. Además, señala que los responsables, Contreras y Andrade, tendrán que asumir la responsabilidad política.
La Contraloría también se ha involucrado, solicitando al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que detalle en cinco días todos los fondos transferidos a otras fundaciones en el marco del Programa de Asentamientos Precarios. Además, el partido de Boric, Convergencia Social, miembro del Frente Amplio, ha dicho que este asunto es un “grave error político” que daña la ética del Frente Amplio.
El ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes, ha exigido a la Fundación Democracia Viva que finalice los convenios firmados y que se devuelva el dinero no utilizado. Sin embargo, la controversia se ha intensificado, ya que se ha informado que Tatiana Rojas, subsecretaria de Vivienda, fue alertada sobre los controversiales convenios en mayo.