La administración Biden enfrenta obstáculos judiciales en su relación con las redes sociales
El jueves, un tribunal de apelaciones federal mostró reticencia a revocar una decisión judicial anterior que limitaba la capacidad de la administración Biden de colaborar con empresas de redes sociales en la moderación de contenido.
La Corte de Apelaciones del 5to Circuito de EE.UU. escuchó argumentos sobre la apelación de la administración a la sorpresiva orden preliminar del 4 de julio, donde se consideró que el gobierno federal cometió un error al solicitar a grandes empresas de tecnología que suprimieran ciertas opiniones políticas. El Juez de Distrito, Terry Doughty, había decidido a favor de los fiscales generales republicanos de Louisiana y Missouri, describiendo la situación como “Orwelliana”.
Jennifer Elrod, jueza nombrada por el entonces presidente George W. Bush, hizo una analogía con el comportamiento de las mafias, aclarando que no estaba equiparando al gobierno con ninguna “organización criminal ilegal”.
Daniel Tenny, abogado del Departamento de Justicia, argumentó que el fallo de Doughty afecta la capacidad del gobierno federal de lidiar con desinformación en situaciones de emergencia y que viola el derecho del propio gobierno a la libertad de expresión. Por otro lado, Dean John Sauer, abogado de los estados, enfatizó que el “derecho a escuchar” es tan importante como el “derecho a hablar”.
El tribunal de apelaciones anteriormente había suspendido temporalmente la orden de Doughty contra la administración Biden. La decisión bloqueó a varios funcionarios, incluidos la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, de comunicarse con varias empresas tecnológicas. Finalmente, el consejo para el gobierno solicitó al panel que revirtiera la orden de Doughty, indicando que, de no hacerlo, solicitarían una suspensión de 10 días para apelar ante la Corte Suprema.
